Quién está obligado a anotarse en el Registro Mercantil

Se acaba el plazo para anotarse en el Registro Mercantil. Si eres una persona que presta servicio a sociedades de forma empresarial o profesional, has de hacerlo. La anotación en el Registro se realiza en cumplimiento del real decreto del año pasado, que traspuso una directiva europea, y que modificó la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del año 2010. Esta ley establece que todas las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten algún servicio a sociedades se deben de inscribir en el Registro Mercantil.

El real decreto fijó un plazo de un año para proceder a la inscripción obligatoria, si bien Justicia ha aplazado el tiempo hasta el 31 de diciembre.

Como no quedaba muy claro quién estaba obligado a inscribirse, Economía ha elaborado junto a Justicia una guía para aclarar qué proveedores de servicios han de hacerlo.

Están obligados las personas físicas o jurídicas que prestan con carácter profesional determinados servicios a terceros y fideicomisos, como la constitución de sociedades, funciones de dirección y secretaría en determinadas sociedades, la provisión de servicios comerciales, sociales o administrativos, servicios fiduciarios o el desarrollo de servicios de accionista nominal.

En este sentido, fuentes del departamento de Nadia Calviño han precisado que la sociedades profesionales deben inscribirse y no los socios, salvo que los profesionales prestasen servicios, así como los secretarios de los consejos de administración si facturan en su propio nombre. En el caso de los arquitectos, si el que afirma los proyectos es el despacho, sería la sociedad la que debe hacer la declaración, pero si son los arquitectos las que la realizan deberían proceder ellos mismos.

El plazo límite para inscribirse en el Registro Mercantil vence el próximo 31 de diciembre, fecha tras la actual podrían considerarse las no adhesiones como una infracción leve y ser sometido a sanciones de hasta un máximo de 60.000 euros al año.Además, estas personas físicas o jurídicas que presten servicios con carácter profesional deberán depositar en los tres primeros meses de cada año un documento en el que manifiesten los tipos de servicios prestados, la prestación de este tipo de servicios a no residentes, el ámbito territorial, el volumen facturado por los servicios y el número de operaciones realizadas.