Hacienda los acusó de un falso timo y una década después la Justicia les da la razón

Vigilancia Aduanera había pinchado los teléfonos de dos hermanos de Lugo por un delito que no cometieron

El Confidencial ha publicado un artículo hoy en el que se explica el caso de dos hermanos que fueron acusados de estafa por Hacienda. Doce años después, la Justicia ha desestimado el caso y los ha declarado inocentes.

El 14 de febrero de 2007 un grupo de agentes de Vigilancia Aduanera se presentaron en la casa de dos hermanos de Lugo. Traían una orden judicial y registraron la casa: papeles, documentos, archivos, ordenadores…  Una vez lo reunieron todo, se lo llevaron.

Cuando terminó el registro, Hacienda denunció a los dos hermanos por contrabando. Además, los acusaba de haber montado un entramado de sociedades para ocultar los beneficios de su negocio. Incluso, decía la Agencia Tributaria, estaban obteniendo indebidamente la devolución de elevadas cantidades correspondientes al impuesto del valor añadido (IVA).

El negocio de los dos hermanos

El negocio que habían montado los dos hermanos no tenía trampa ni cartón. En 2004 empezaron a revender teléfonos que adquirían en centros como Carrefour por medio de ofertas.  Luego, los revendían en el extranjero. Por aquel entonces, la legislación vigente no estaba muy avanzada en cuanto a tecnología, así que aquello era totalmente legal.

Por otra parte, los hermanos daban cuenta a las autoridades de sus movimientos. Las autoridades conocían la exportación de los dispositivos por las aduanas y sus transacciones figuraban en la Declaración de la Renta. El problema llegó, tal y como indica El Confidencial, cuando «como consecuencia de que gran parte de la mercancía se vendía fuera de España, el empresario tuvo derecho a que se le compensara el IVA». Lo que pasaba era que «las importantes cantidades de dinero que Hacienda tenía que devolver al afectado por este concepto fueron detectadas por los técnicos, que comenzaron a sospechar del negocio.» Por ello, decidieron involucrar a los dos hermanos, a los que compraban el material, a los intermediarios que lo distribuían e incluso a los guardias civiles que —cumpliendo con su deber— corroboraban en la aduana la salida de los productos.

Fin de la investigación

Tal y como indican los tres magistrados que conforman la sala de la Sección Segunda de la Audiencia de Lugo, esta investigación por parte de la Vigilancia Aduanera fue un caos. Lo hicieron todo mal y no fue una operación organizada. Llegaron incluso a no controlar los papeles intervenidos a los acusados y  pinchar sus teléfonos de forma prospectiva.

En palabras del diario El Confidencial, que citaba la sentencia del Tribunal, la sala reprendió a los investigadores al entender que ni siquiera había delito de contrabando. «Las mercancías estaban destinadas a su salida visada por la correspondiente aduana y con la presentación de los documentos visados tanto por la autoridad aduanera (…) como por los agentes del resguardo», arguye la resolución, que concluye que, por lo tanto, «la conducta imputada como delito de contrabando no es tal», indican en el texto.

La sentencia llega 12 años tarde

Sin embargo, la sentencia no ha podido evitar que se haya destrozado la vida de estos dos hermanos, su familia y los otros acusados que se vieron involucrados en la investigación. El Confidencial indica que «durante años los 17 acusados vivieran con la amenaza de ser encerrados en prisión por hasta 11 años y se enfrentaran a multas de más de siete millones de euros». Además, «los padres de Pablo y de Carlos tuvieron que hipotecar su casa y luego incluso venderla porque la familia contaba con el dinero de la devolución del IVA, que era suyo, para hacer frente a estos gastos», finaliza el diario.

Hacienda pierde la mitad de los pleitos que plantea el contribuyente

Ya lo indicábamos en este artículo. Hacienda pierde la mitad de los pleitos que plantea el contribuyente, y el ejemplo de estos dos hermanos de Lugo es el más flagrante.  En datos más específicos, Hacienda pierde alrededor del 40% de estos conflictos en una primera fase por vía administrativa y, después, de los que pasan a instancia judicial, pierde otro 30%. Más aún, en el caso de algunas comunidades autónomas este porcentaje alcanza el 84%.

¿Le ha pasado algo parecido? ¿Hacienda le acusa de algo que no ha hecho?

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