El Gobierno crea urgentes medidas fiscales para la vivienda en alquiler

Los alquileres de uso estable estarán exentos del impuesto de transmisiones patrimoniales

El pasado 14 de Diciembre se aprobada el Real Decreto-ley 21/2018 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. El decreto surge a raíz de las diferentes problemáticas que sufre España en cuando a arrendamientos, entra las que se encuentra la subida exponencial del precio de los mismos o los desahucios. En este artículo vamos a desgranar una nueva medida relacionada con la fiscalidad: la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente.

El real decreto modifica la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) aprobada en el 93. Concretamente añade un apartado en el artículo 45 en el que se estipula que los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente quedan exentos de pago. Esto quiere decir que se han de presentar, pero no hacer una retribución económica. De esta manera se pretende reducir las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler.

Otras reformas

También se retoca la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Eso sí, en dos supuestos muy limitados: cuando el arrendador sea un ente público se podrá eximir al inquilino del pago de este impuesto. Esto es, se elimina la obligación de ejecutar ese pago al arrendatario en un alquiler social de vivienda por parte de Administraciones. Por ello, se permite a los ayuntamientos con superávit destinarlo a promover su parque de vivienda pública. Así, estos podrán establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado. Asimismo, introduce en la Ley Reguladora de Haciendas Locales la definición de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI que se estableció en 2002.

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